Mendoza y Ley de Discapacidad III
Para bien y para mal, este es un año electoral. Los candidatos a cada cargo se apuran a hablar, ponerse de acuerdo, firmar proyectos, todo con tal de quedar bien posicionados en las elecciones. En ese inestable ambiente, los familiares de personas con discapacidad de la provincia de Mendoza, intentamos que la provincia se adhiera a la Ley Nacional de Discapacidad, N° 24.901, aún tantos años después de que el resto del país lo haya hecho. Desactualizada y todo, es mejor que los intentos del gobierno de sancionar una ley provincial que cuida muchos intereses diferentes, pero no los derechos de quienes debería proteger.
Si uno lee este proyecto provincial rápidamente, parece una copia del la Ley Nacional, pero una copia desteñida, donde algunas palabras se borraron, o se perdieron, cambiando el sentido de lo expresado, significando menor cobertura.
Quizá deberíamos aceptarla simplemente, porque es mejor que nada... y lo que falte en esta ley, podrá pelearse en sedes judiciales. Pero esto no es lo que se debería, ya que no todos tienen acceso a la justicia, por falta de información o de medios económicos, la Ley debería garantizar igualdad de cobertura para todos.
Pero lo que más preocupante me resultó, fue leer algunos de los fundamentos que se brindan como introducción a este proyecto de ley, porque lamentablemente debo decir que son mentirosos. Son esas frases que detestamos escuchar de quienes hacen política, cuando en carne propia sabemos que esto no es así.
Transcribo:
"El compromiso en el tratamiento de las personas con discapacidad ha sido una constante para el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia y Comunidad y la Obra Social de Empleados Públicos en estos últimos tiempos, dicho compromiso específicamente desde OSEP, se ha verificado en acciones concretas tales como: la creación de una unidad especial de seguimiento de la discapacidad, mediante la instrumentación de un sistema expeditivo y ágil de seguimiento de expedientes de discapacitados para lograr un tratamiento preferencial de los mismos que ha provocado un acortamiento considerable de los tiempos administrativos"
Pienso:
Mi expediente contra la obra social, solicitando cobertura para el tratamiento de rehabilitación elegido (ABR) para Salvi, persona con discapacidad, se presentó a fines del año 2008. Aún no tiene resolución del directorio, por lo cual no puedo recurrir todavía a la instancia judicial.
Me pregunto:
¿Dos años y medio es un tiempo administrativo corto?
Además en los fundamentos se habla mucho del origen de los fondos con los que hacer frente al "mayor gasto" que implicaría atender mejor las necesidades de las personas con discapacidad, disponiendo de realizar a los empleados públicos una retención porcentual de sus sueldos para este fin. Ya me imagino la cara del Sr. XX, empleado del gobierno observando este nuevo descuento en su bono de sueldo, pensando "Y por qué me tengo que hacer cargo yo de los discapacitados de la provincia?". Ya sabemos todos que una gran parte de la sociedad ve a la discapacidad como algo que les pasa a los otros, sin que les afecte.
La explicación de por qué la Provincia no quiere adherir a la Ley Nacional y no recibir los fondos desde el Gobierno de la Nación para cubrir este mayor gasto, se hace enredada en este proyecto de ley, en algún párrafo aduce temer que la Nación incurra en demoras...(cómo si Osep jamás se demorara en pagar lo que corresponde!!!!), y se clarifica algo al admitir que la adhesión obligaría a la obra social a dejar que los afiliados pudieran optar por dejar de serlo.
Encuentro en este Proyecto que faltan muchas cosas que la Ley Nacional especifica claramente. Hablando de algo que conozco, por ejemplo, cobertura en rehabilitación, se habla de realizar un nomenclador especificando horas de cobertura. Si mientras hicimos rehabilitación tradicional, la Obra Social nos cubría 4 módulos por semana de media hora cada uno, en el resto del país se paga un promedio de 2 horas diarias, seis días a la semana. Es decir que aún duplicando lo actual, seguiríamos muy lejos.
En conclusión: aquello que nos quieren vender como una mejora o una solución, puede llegar a convertirse en un salvavidas de plomo. Creo que es muy, muy importante que todos los familiares de personas con discapacidad de la provincia de Mendoza unamos esfuerzos y demos toda la difusión posible a esta problemática para que no se nos engañe una vez más y dejemos en desigualdad a la población que más protección legal necesita.
Si uno lee este proyecto provincial rápidamente, parece una copia del la Ley Nacional, pero una copia desteñida, donde algunas palabras se borraron, o se perdieron, cambiando el sentido de lo expresado, significando menor cobertura.
Quizá deberíamos aceptarla simplemente, porque es mejor que nada... y lo que falte en esta ley, podrá pelearse en sedes judiciales. Pero esto no es lo que se debería, ya que no todos tienen acceso a la justicia, por falta de información o de medios económicos, la Ley debería garantizar igualdad de cobertura para todos.
Pero lo que más preocupante me resultó, fue leer algunos de los fundamentos que se brindan como introducción a este proyecto de ley, porque lamentablemente debo decir que son mentirosos. Son esas frases que detestamos escuchar de quienes hacen política, cuando en carne propia sabemos que esto no es así.
Transcribo:
"El compromiso en el tratamiento de las personas con discapacidad ha sido una constante para el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia y Comunidad y la Obra Social de Empleados Públicos en estos últimos tiempos, dicho compromiso específicamente desde OSEP, se ha verificado en acciones concretas tales como: la creación de una unidad especial de seguimiento de la discapacidad, mediante la instrumentación de un sistema expeditivo y ágil de seguimiento de expedientes de discapacitados para lograr un tratamiento preferencial de los mismos que ha provocado un acortamiento considerable de los tiempos administrativos"
Pienso:
Mi expediente contra la obra social, solicitando cobertura para el tratamiento de rehabilitación elegido (ABR) para Salvi, persona con discapacidad, se presentó a fines del año 2008. Aún no tiene resolución del directorio, por lo cual no puedo recurrir todavía a la instancia judicial.
Me pregunto:
¿Dos años y medio es un tiempo administrativo corto?
Además en los fundamentos se habla mucho del origen de los fondos con los que hacer frente al "mayor gasto" que implicaría atender mejor las necesidades de las personas con discapacidad, disponiendo de realizar a los empleados públicos una retención porcentual de sus sueldos para este fin. Ya me imagino la cara del Sr. XX, empleado del gobierno observando este nuevo descuento en su bono de sueldo, pensando "Y por qué me tengo que hacer cargo yo de los discapacitados de la provincia?". Ya sabemos todos que una gran parte de la sociedad ve a la discapacidad como algo que les pasa a los otros, sin que les afecte.
La explicación de por qué la Provincia no quiere adherir a la Ley Nacional y no recibir los fondos desde el Gobierno de la Nación para cubrir este mayor gasto, se hace enredada en este proyecto de ley, en algún párrafo aduce temer que la Nación incurra en demoras...(cómo si Osep jamás se demorara en pagar lo que corresponde!!!!), y se clarifica algo al admitir que la adhesión obligaría a la obra social a dejar que los afiliados pudieran optar por dejar de serlo.
Encuentro en este Proyecto que faltan muchas cosas que la Ley Nacional especifica claramente. Hablando de algo que conozco, por ejemplo, cobertura en rehabilitación, se habla de realizar un nomenclador especificando horas de cobertura. Si mientras hicimos rehabilitación tradicional, la Obra Social nos cubría 4 módulos por semana de media hora cada uno, en el resto del país se paga un promedio de 2 horas diarias, seis días a la semana. Es decir que aún duplicando lo actual, seguiríamos muy lejos.
En conclusión: aquello que nos quieren vender como una mejora o una solución, puede llegar a convertirse en un salvavidas de plomo. Creo que es muy, muy importante que todos los familiares de personas con discapacidad de la provincia de Mendoza unamos esfuerzos y demos toda la difusión posible a esta problemática para que no se nos engañe una vez más y dejemos en desigualdad a la población que más protección legal necesita.
¡Te deseo mucha suerte Alejandra y ojalá logren el cometido! Es de vital importancia que las demandas y necesidades de las personas con discapacidad se conviertan en políticas públicas eficaces y funcionales.
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